Ofrecemos orientación sobre el marco normativo y las obligaciones éticas y legales que rigen el ejercicio de la función pública. Este servicio preventivo busca evitar futuras controversias y asegurar que las actuaciones del funcionario se adhieran a la normativa vigente garantizando la toma de decisiones audaces, alineadas a la estrategia de la entidad o empresa pública y fortaleciendo la seguridad jurídica de su labor en los diferentes niveles de decisión.
Representamos y asesoramos al funcionario público en todas las fases de los procedimientos disciplinarios y sancionadores, desde la etapa de investigación hasta la resolución final. Nuestro objetivo es asegurar el debido proceso y la defensa de sus derechos, minimizando los riesgos de sanciones, suspensiones o destitución.
Proporcionamos una gestión estratégica de los recursos y apelaciones contra resoluciones administrativas. Analizamos las decisiones de las entidades públicas y elaboramos la argumentación jurídica necesaria para impugnar actos que sean contrarios a la ley, buscando la revocación de la sanción o el reconocimiento de los derechos del funcionario, garantizando la protección de los buenos funcionarios públicos en el gobierno.
